El Cabildo de La Palma ha aprobado a propuesta del grupo de gobierno una moción con el objetivo de proteger el nivel de vida de los beneficiarios de pensiones no contributivas en las Islas, instando al Gobierno de España a modificar la normativa estatal para que los complementos económicos autonómicos no computen como ingresos a efectos de la Seguridad Social.

La moción aprobada explica que la Ley de Renta Canaria de Ciudadanía contempla complementos para elevar el nivel de vida de personas vulnerables. Sin embargo, la normativa estatal vigente considera estos complementos como ingresos, lo que en la práctica provoca una reducción o incluso la anulación de la pensión no contributiva original. 

Ángeles Fernández explicó que esta situación "desvirtúa la finalidad de la medida autonómica" e impide que los colectivos más desfavorecidos mejoren efectivamente sus condiciones de vida.

El texto aprobado subraya que Canarias posee singularidades estructurales como la lejanía, la insularidad y un mayor coste de la vida que justifican políticas diferenciadas. En este sentido, el grupo de gobierno de Coalición Canaria apela a la normativa europea, que reconoce la necesidad de medidas específicas para las regiones ultraperiféricas (RUP) para garantizar la cohesión económica y social.

Para ello, la moción reclama que se declaren exentos del cómputo de rentas los complementos autonómicos destinados a mejorar la situación económica de los beneficiarios, así como que se adapte la normativa estatal a las necesidades específicas de Canarias en el marco de la Conferencia Sectorial correspondiente.

De esa manera, hizo hincapié Ángeles Fernández, se asegura que las políticas autonómicas de lucha contra la pobreza puedan aplicarse plenamente sin interferencias de la normativa estatal.

A propuesta del grupo socialista, también se incluyó en el texto de la moción el impulsar la modificación de la normativa reguladora de las pensiones no contributivas, así como continuar el trabajo técnico conjunto, con carácter urgente, para alcanzar una interpretación jurídica o solución normativa que garantice que los complementos autonómicos a las pensiones no contributivas no supongan, en ningún caso, la pérdida o minoración de la prestación estatal.