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¿Qué es el Gobierno abierto?
El Gobierno Abierto se concibe como un proceso de adaptación de las instituciones ante los cambios de una sociedad cada vez más abierta, formada e informada, que demanda un mayor protagonismo democrático. Se orienta a las nuevas necesidades sociales con una orientación claramente digital por defecto, basadas en un contrato social y la necesidad de participar en la toma de decisiones de la administración.
Gobierno Abierto son aquellas herramientas, reformas y leyes que inauguran una nueva forma de relación entre las instituciones y la ciudadanía, más directa, próxima, empática y simétrica; otorgando a la ciudadanía mayor protagonismo en la construcción de la democracia.
Con un doble objetivo:
- Diseñar políticas públicas más representativas y legítimas, con la participación de más actores, con una mayor pluralidad de voces, especialmente de aquellas comunidades implicadas o afectadas directamente por dichas políticas.
- Pero también, para hacer mejores políticas, en tanto se captura más información con la producir más valor público y social.
En España cada Administración pública tiene competencia exclusiva en materia de Gobierno Abierto, excepto en lo relativo a transparencia, para la que la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno establece obligaciones mínimas comunes para todas las Administraciones públicas. En Canarias está regulado por la Ley 12/2014 de Transparencia y de Acceso a la Información Pública de Canarias.
Componentes de Gobierno abierto
Para cumplir los propósitos, el Gobierno Abierto se compone básicamente de:
Mandato de las instituciones de presentar una información veraz, clara, accesible, actualizada y usable, que permita a cualquier ciudadano o ciudadana saber de forma efectiva lo que sucede en el seno de cada institución u organización afectada por los principios de transparencia. Se trata de ofrecer información verdadera, completa y útil sobre la actividad de una determinada organización pública. La finalidad principal es garantizar la legitimidad de las instituciones, y, por supuesto, aumentar la confianza de la ciudadanía en ella.
Más informaciónLa participación ciudadana son aquellos procesos y mecanismos desarrollados para implicar a la ciudadanía en el diseño de políticas públicas, mediante los cuales puedan ejercer su capacidad de influencia y decisión en el resultado final de tales políticas. La participación ciudadana en la gestión pública implica un proceso de construcción social de las políticas públicas. Es un derecho, una responsabilidad y un complemento de los mecanismos tradicionales de representación política. Es un deber y un derecho el que la ciudadanía deba y pueda participar en todas las etapas del ciclo de gestión de políticas públicas (Diseño y Formulación, Planificación, Ejecución, Seguimiento y Evaluación).
Más informaciónSe trata de la promoción de entornos colaborativos y de co-creación frente a cualquier tipo de desafío desde una organización o una comunidad determinada, para favorecer la agregación de capacidades colectivas, tanto hacia fuera de dicha organización o comunidad (implicando a ciudadanos, empresas, asociaciones, academia, etcétera) como hacia dentro (implicando a los propios trabajadores, miembros de la comunidad, otros equipos ajenos al reto, u otros colaboradores, como proveedores, expertos del sector, etcétera) creando con ello una cultura organizacional que favorece la creación de comunidades (de aprendizaje, de prácticas, de innovación…)
A esto hay que añadir diversas estructuras y conceptos que potencian el concepto de gobierno abierto, como son los datos abiertos, la rendición de cuentas, la innovación publica como eje transversal, etc.
Los datos abiertos son una fuente de valor. Las Administraciones Públicas son grandes productoras y recopiladoras de datos, que puestos a disposición de terceros, mejoran la transparencia y son motor de crecimiento económico y de mejora social. La apertura de datos fomenta la innovación y la creación y/o adaptación de empresas en torno a servicios y tecnologías de internet que pueden generar negocio a partir de la reutilización de datos.
Nuevos productos y servicios nutriéndose de dichos datos públicos son capaces de plantear soluciones alternativas y novedosas a los retos sociales, a la par que inciden en la mejora de la competitividad del territorio.
Gran parte de los datos generados por la administración pública y el gobierno son consultables bajo las diferentes iniciativas de transparencia y gobierno abierto. La apertura de los datos públicos fomenta la transparencia de las administraciones públicas y promueve la colaboración de la sociedad en la mejora de los servicios públicos. En nuestra sociedad hay diversos casos de aplicaciones o programas creados a partir de los datos en abierto que ofrece el gobierno.
Laboratorio de Innovación pública - InnoLAB
Fundado por el Servicio de Innovación, Proyectos y Sociedad de la Información del Cabildo de La Palma, el Laboratorio de Innovación es un servicio público destinado a la ciudadanía y a las entidades públicas para fomentar la Co-Creación en el desarrollo tecnológico y empresarial. “La Administración Pública debe asumir un papel de liderazgo respecto a la innovación, a través de la mejora de los servicios públicos, la orientación a la ciudadanía y a las empresas y la eficiencia operativa. En este sentido, la innovación pública debe entenderse como la aplicación de ideas y prácticas novedosas en el ámbito de la gestión pública con el objetivo de generar valor social” (INAP)
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